«Actualmente, se emplea la figura del personal laboral y de la contratación temporal con fines radicalmente espurios, y así es puesto de manifiesto por la jurisprudencia cuando reconoce que los Ayuntamientos se han convertido en “agencias de colocación de los afines, con grave deterioro de lo público al que parece que nadie le importa”.
La Administración Pública hace un uso de la contratación viciado, al servir a metas puramente partidistas volviendo a épocas caciquiles de finales del siglo XIX, se establece así, un sistema clientelar que lleva a situaciones tan histriónicas tales como: un Ayuntamiento de 12.000 habitantes que tenga a 600 trabajadores públicos con contratos de personal laboral temporal.
Las consecuencias más directas son la desprofesionalización del empleado público y un uso perverso de las facultades públicas, llevando a realizar contrataciones en fraude de ley. Además de ello, no pocas voces resaltan que el proceso de “demonización” de los servicios públicos se debe a un intento de privatización de los mismos. El interés económico que desprenden los servicios públicos es enorme, pues pocos negocios dejan tan alta rentabilidad como aquellos que tienen clientes obligados, verbigracia, la recogida de basura o la gestión del agua. Este interés lleva al sector empresarial a luchar ferozmente por hacerse con este tipo de contratos, las recientes sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegando a cifras de 98,2 millones de euros a 39 empresas no hace sino ratificar esta afirmación; estas empresas habían creado a lo largo de los años un entramado soportado por los contribuyentes, que tenían pactos para evitar la entrada de nuevos competidores y acuerdos de precios que perjudicaban a los ayuntamientos que sacaban a concurso los servicios de recogida de residuos industriales y de recuperación del papel y el cartón, así como de saneamiento urbano. De esta forma, se repartían los clientes y fijaban pautas de actuación para que cualquier empresa que quisiera entrar en un mercado intentase no molestar a los que ya estaban operando o no quitarles clientes.
Sirvan estas últimas líneas para poner de manifiesto la falta de honestidad y ética en la gestión “de lo que es de todos”, por parte de algunos representantes públicos; unas prácticas deleznables a la opinión pública que el poder judicial intenta corregir.»